El escándalo de los bebés robados

Cuando oímos hablar acerca de la “trata de seres humanos” o “compra-venta de personas”, pensamos en películas de romanos, en tiempos de guerra y esclavitud, o pensamos en países subdesarrollados donde todavía hoy existe un comercio ilegal de personas. Lo cierto es que no podríamos imaginar que algo parecido pudiera haber ocurrido en nuestro país, en España, hace no tantos años…

¿Podríamos haber sido víctimas de uno de estos delitos?

Entre los años 50/90 y con especial intensidad durante los años 70, cientos de niños recién nacidos fueron sustraídos de sus padres para ser vendidos, como si de cachorros de una camada se tratase.  Mientras tanto, sus padres pensaban que sus bebés habían nacido muertos. Las cantidades que los padres adoptivos abonaban por los niños sustraídos oscilaban entre los 300 y los 1.500 euros (de 50.000 a 250.000 pesetas de la época), con casos en los que se llegaron a pagar hasta 6.000 euros, (un millón de pesetas). Parece mentira que se le pueda poner precio a una persona o a una vida, sobre todo teniendo en cuenta el sufrimiento que se causó a tantas familias que lloraron la muerte de sus hijos.

A día de hoy, y después de tantos años, han ido saliendo a la luz numerosos casos de niños robados y muchos padres que en su día recibieron la noticia de la muerte de su hijo al nacer, y que no tuvieron la oportunidad de ver el cadáver y ni siquiera recibieron ninguna otra explicación, se preguntan si tal vez fueron víctimas de esta trama. En España se han realizado ya varias exhumaciones judiciales por este motivo, y todavía quedan cientos de denuncias sobre la mesa. Una de ellas, realizada el pasado mes de julio en el cementerio de Estepona (Málaga), desveló una osamenta completa que por el tamaño de sus huesos y las hendiduras de sus dientes, pertenecía a un bebé de varios meses de vida, y no a la niña recién nacida que supuestamente había muerto hace 30 años. En otras, ni siquiera se encontraron huesos, aunque sí algunos restos como la pinza del cordón umbilical, o la pulsera de identificación.

Quienes participaron en aquella trama han guardado silencio hasta hace unos meses, cuando uno de los implicados dio la cara convirtiéndose en uno de los pocos testigos que avalan las denuncias presentadas por los afectados. Se trata de un conductor de funeraria, que reconoció haber llevado féretros vacíos a muchos entierros entre los años 1979 y 1988. Según declara este hombre, recibía llamadas del Hospital Materno Infantil de Granada para prestar sus servicios por unos niños supuestamente fallecidos, él acudía con su ataúd y allí le decían que cogiera un paquete, lo introdujera en el ataúd y le diera sepultura, entregándole un certificado de muerte. –“Pero había algunos paquetes que no pesaban ni 200 gramos”- explicaba.

Todo este escándalo ha llegado al Ministerio de Justicia, y el pasado 6 de marzo el ministro Alberto Ruiz Gallardón declaró que al margen de cómo evolucionasen las denuncias de los afectados por la causa de los niños robados, el Estado asumiría la obligación de localizar a estas personas que fueron sustraídas de sus familias al nacer. Ya se han iniciado investigaciones en el ministerio y se estudia la posibilidad de que exista una instrucción general dirigida a las fiscalías provinciales para establecer unas pautas de actuación en todos estos casos, y lograr así una mayor agilidad en los trámites. Mientras tanto, la profusa polémica que se ha despertado en torno a este tema plantea dudas sobre si la pena que se impondrá a los responsables, será lo suficientemente justa, y sobre si debe juzgarse conforme a los criterios de la ley de entonces o de la de hoy. El cardenal de Barcelona ha declarado al respecto que “la que prepara el Ejecutivo se queda corta, porque se ve que nuestra sociedad no valora la vida suficientemente”.

Sea como fuere, lo impactante de todo este tema es que algo así haya podido ocurrir en un Estado como el nuestro, sobre todo después de la implantación del Estado de Derecho, supuestamente fundado en la legalidad, la igualdad y la solidaridad. Si se han cometido tales atrocidades que hoy juzgamos como inhumanas en un pasado tan cercano, quién sabe cómo juzgará la sociedad del mañana ciertas barbaridades que todavía se cometen hoy en día, algunas de ellas incluso consentidas por la ley, que lejos de reflejar la voluntad del pueblo, como se ha demostrado en varias manifestaciones multitudinarias, representan un sistema decadente y desvirtuado.

Roger Osom 





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